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El impacto del conflicto armado que vive Colombia desde hace más de 50 años, aun tiene capítulos de los cuales las y los colombianos y el mundo no conocemos. Sin embargo, el Informe ¡Basta Ya! Colombia: memorias de guerra y dignidad, realizado por el Centro Nacional de Memoria Histórica[1] es un aporte valioso en la dirección correcta: narrar la verdad sobre las graves violaciones ocurridas en Colombia; develar la acción de todos los actores del conflicto, sus intereses y vínculos con las élites políticas y sociales en Colombia; rescatar la memoria de las víctimas y la persistencia de su sufrimiento; mostrar las políticas judiciales, gubernamentales y administrativas dirigidas a imponer justicia sobre el muro de impunidad existente; y recomendar medidas concretas para la superación de estos problemas.

En este artículo se resaltan tres aspectos que considero relevantes en el informe. Estos aspectos muestran la necesidad política y social de las y los colombianos de conocer lo ocurrido pero sobre todo de enfrentar el problema hacia los nuevos escenarios de paz. El primero de ellos es la identificación de la violencia por parte de todos actores armados del conflicto: Fuerza Pública, paramilitares y guerrillas, y la asignación clara y precisa sobre su responsabilidad en las masivas y sistemáticas violaciones ocurridas. Es decir, de construir una verdad sobre el conflicto, sus causas, consecuencias e impacto. El segundo de ellos, es el reconocimiento de que la mayoría de las víctimas del conflicto armado sigue siendo la población civil y cómo sus derechos siguen siendo violados. En tercer lugar, la necesidad de profundos cambios institucionales y las medidas que deben ser implementadas por cada uno de los actores del conflicto armado.

Respecto del primer punto, durante las últimas décadas diferentes organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos han denunciado las violaciones a los derechos humanos y las infracciones al derecho internacional humanitario por parte de los actores armados[2]. Por su parte, las cifras gubernamentales al respecto han dependido de los criterios estadísticos útiles para los intereses de los gobiernos que han tratado de esconder, aumentar o disminuir la situación[3]. Ante esta deficiencia es crucial el estudio detallado del Centro Nacional de Memoria Histórica que, como establecimiento público de orden nacional, asumió la tarea de mostrar las estadísticas de las violaciones por cada uno de los actores, qué tipo violaciones fueron en mayor medida cometidas por esos actores y las relaciones entre ellos.

El informe concluyó que algunas violaciones fueron usadas más recurrentemente por unos actores que por otros y se volvieron rasgos característicos de su accionar. En este sentido, es destacable que, la mayoría de los asesinatos selectivos (38,4%) y las masacres (58,9%) han sido cometidas por los grupos paramilitares; mientras que las guerrillas llevaron el mayor número en casos de secuestro (90,6%) y daños a bienes civiles (84,1%). Aunque el informe aclara sobre la notoria debilidad de las cifras de desaparición forzada, relaciona que el autor con mayor número de violaciones fue la Fuerza Pública (42,1%).  Igualmente, el informe destaca que Colombia sigue siendo el país con mayor número de desplazados internos en el mundo y el segundo país, después de Afganistán, con mayor número de víctimas de minas antipersona.

En ocasiones las frías cifras no permiten ver el drama de las víctimas. El informe ejemplifica con rigor algunos casos que muestran la dimensión de la tragedia. Se resumen aquí tres casos que le dan cara y lugar a los datos.

Entre el 16 y el 21 de febrero de 2000, el Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia en asocio con la Fuerza Pública, en la población del Salado, Montes de María, departamento de Bolívar (Norte de Colombia), realizaron una de las masacres más grandes y sanguinarias de su historia. En este caso, 60 personas fueron torturadas, violadas sexualmente, decapitadas, al ritmo de música y alcohol, en la plaza principal del pueblo como medida para enviar un mensaje a la guerrilla de la presencia paramilitar y su dominio, y el supuesto debilitamiento de la base social que los apoyaba. Los victimarios destruyeron las casas y el comercio. La totalidad del pueblo se desplazó forzadamente. Las víctimas sobrevivientes sufren depresión, traumas mentales, pánico y terror entre otros impactos graves en su salud mental y física.

El 23 de febrero de 2002, Íngrid Betancourt, candidata a la Presidencia de la República por el Partido Verde Oxígeno, fue secuestrada junto con su asesora Clara Rojas, cuando se dirigían a la zona de despeje del Caguán, departamento de Caquetá, tras la ruptura del proceso de paz con las FARC que adelantaba el Presidente Andrés Pastrana. Íngrid Betancourt permaneció secuestrada por más de seis años, en los cuales estuvo sometida a la vida en la selva, enfermedades, duros castigos tras sus intentos de fuga, malos tratos y encadenamientos. Su liberación se produjo en el marco de una operación de inteligencia militar conocida como la Operación Jaque, un operativo que en si ha sido cuestionado por su posible violación al derecho internacional humanitario.

Bajo la política de Seguridad Democrática, llevada a cabo por el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), miembros de la Fuerza Pública ejecutaron extrajudicialmente a jóvenes socialmente marginados. Las víctimas recibían promesas de trabajo, aparentemente legales o incluso ilegales, para trasladarse a municipios y departamentos distintos a sus lugares de residencia. En la mayoría de los casos, uno o dos días después de haber sido vistos con vida por última vez por sus familiares, resultaron reportados como guerrilleros dados de baja en combate. Al 31 de marzo de 2011, la Fiscalía adelantaba los casos de 2.701 víctimas.

Respecto al segundo aspecto, es decir, el reconocimiento de las víctimas, la investigación concluye que al menos 220.000 personas han muerto entre el 1 de enero de 1958 y el 31 de diciembre de 2012. De estas muertes el 81,5% corresponde a civiles y el 18,5% a combatientes. Esto permite aclarar la discusión en Colombia que ha señalado que el conflicto es de igual proporción para combatientes y no combatientes, o que se trata de un asunto que no afecta de manera significativa a la población civil. La realidad es que, según los datos analizados, en Colombia una de cada tres muertes violentas es producto del conflicto armado interno. Según el informe, la instrumentalización de la población civil por parte de los actores armados ha tenido como objeto permitir la consolidación y el fortalecimiento de un actor armado en una zona, sometiéndolos a ciclos de represalias entre ellos. Igualmente, cuando los civiles son percibidos como un apoyo determinante en el resultado final del conflicto, los victimarios usan la violencia para lograr la subordinación. El análisis señala otros mecanismos de uso de la población como el desenfreno y el oportunismo ante los resultados operativos, la imposición de las acciones bélicas sin importar sus efectos sobre las víctimas o como mecanismo para mantener sus lealtades u obligarles a servir como proveedora de recursos.

El informe demuestra que la crisis humanitaria en Colombia es extremadamente grave tanto en la violencia letal como en la violencia no letal. El reporte analiza el uso generalizado de la violencia sexual contra las niñas y las mujeres como arma de guerra y su falta de visibilidad; la prevalencia de una economía extractiva que no solo viola los derechos de los legítimos e históricos propietarios de tierras, como lo son las comunidades indígenas o los pueblos afrocolombianos, sino que “depreda, arrasa y acumula sin generar un desarrollo sostenible”. También se refiere a los ataques contra actores políticos y sociales de oposición a las políticas gubernamentales. Respecto de este último punto, se extraña en el informe un análisis, aun cuando fuera sumario, de la violencia contra sindicalistas y su impacto en las libertades sindicales y los derechos laborales. No debe olvidarse que Colombia sigue siendo el país donde más asesinan sindicalistas en el mundo[4] y este hecho ha sido el punto crítico que ha retrasado y cuestionado la firma de tratados de libre comercio con Colombia, y que aun es parte de seguimiento por parte de los países firmantes de esos acuerdos[5].

El último aspecto que quisiera resaltar es en relación con las recomendaciones del informe. Se recomienda la realización de cambios institucionales que vayan dirigidos a construir una “nueva arquitectura institucional en y para la paz”,  para lo cual se debe garantizar la participación de las víctimas y diversos sectores de la sociedad civil en un esfuerzo de abajo hacia arriba, desde las regiones hacia el nivel nacional. Además se recomienda la construcción de una agenda en materia de derechos a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición de las víctimas por parte de cada uno de los actores, legales e ilegales. Aquí, quizás, en cuanto al derecho a la reparación, sería clave señalar la importancia de garantizar un proceso que incluya a las víctimas desde el inicio, y que termine garantizando una reparación transformadora, tal como se ha propuesto por parte de varios académicos[6]

El reto de estas importantes recomendaciones es cómo acercarlas a la realidad de las políticas que se están implementando en Colombia. Así por ejemplo, el proceso de paz que se lleva a cabo en la Habana, Cuba dista mucho de ser un proceso de construcción desde abajo hacia arriba, por el contrario, ha mantenido lejos de su ámbito la participación real de la sociedad civil y no son claros los caminos para que en el futuro esto sea diferente[7]. Otro ejemplo complejo es el interés del gobierno de ampliar el fuero penal militar, el cual ha sido duramente criticado por Naciones Unidas[8] y organizaciones de derechos humanos[9], debido a que puede favorecer la impunidad de las violaciones a derechos humanos cometidas por la Fuerza Pública.  Aun más complicado parece un cambio estructural del modelo económico extractivo que permitiera el reconocimiento y respeto de los derechos de los pueblos indígenas y afrocolombianos, en lugar de la masiva explotación minera y de recursos naturales, principal política económica del actual gobierno. Colombia necesita más verdad como la contenida en este informe, y un ¡Basta Ya! a las violaciones que marquen el inicio de profundas transformaciones en la situación del país.


[1] Establecimiento público de orden nacional adscrito al Departamento para la Prosperidad Social del Gobierno de Colombia. Ver: http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/index.php/somos-gmh/ique-es-el-centro-de-memoria-historica

[2] Desde 1997 a la fecha, la Oficina del Alto comisionado para los Derechos Humanos en Colombia ha elaborado su informe anual. Ver todos los informes en: http://www.hchr.org.co/documentoseinformes/informes/altocomisionado/informes.php3?cat=11. Igualmente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos elabora informes anuales, informes por país y decisiones en casos concretos, verlos en: http://www.oas.org/es/cidh/docs/anual/2012/indice.asp. Las organizaciones de derechos humanos nacionales como la Comisión Colombiana de Juristas o el Cinep, entre otras, llevan más de 25 años haciendo seguimiento a la situación y plasmándolo en sucesivos informes.

[3]  Ver: Correa y Malagón, “Imperceptiblemente nos encerraron. Exclusión del sindicalismo y lógicas de la violencia antisindical en Colombia 1979-2010”, Comisión Colombiana de Juristas y Escuela Nacional Sindical. Bogotá, Colombia 2012. Capítulo VII.  Disponible en: http://ens.org.co/apc-aa-files/45bdec76fa6b8848acf029430d10bb5a/imperceptiblemente_nos_encerraron_1.pdf. El PNUD Colombia realizó un informe sobre sindicalistas, el capítulo IV (páginas 50 a 54), señala cómo los criterios de selección de casos cambian dependiendo de las diferentes entidades gubernamentales que llevan estos registros. Ver en: http://www.pnud.org.co/2012/informe_sindicalismo.pdf. También la columna de opinión del periodista Daniel Coronel sobre la manipulación de las cifras de secuestro en el gobierno del Presidente Álvaro Uribe, http://www.semana.com/opinion/articulo/columna-coronell-sobre-el-secuestro-en-colombia/365919-3.

[4] Confederación Sindical Internacional. “Informe Países en situación de riesgo 2013” http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/survey_ra_2013_es_final.pdf. Versión en inglés: http://www.ituc-csi.org/countries-at-risk-2013-report-on?lang=en

[5] A Staff Report on behalf of U.S. Representatives George Miller and Jim McGovern to the Congressional Monitoring Group on Labor Rights in Colombia. “The US Colombia Labor Action Plan:  Failing on the ground”. Disponible en: http://democrats.edworkforce.house.gov/sites/democrats.edworkforce.house.gov/files/documents/Colombia%20trip%20report%20-%2010.29.13%20-%20formatted%20-%20FINAL.pdf. Igualmente: Resolución del Parlamento Europeo sobre el Acuerdo Comercial entre la Unión Europea y Colombia y Perú. Versión en español: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+B7-2012-0301+0+DOC+XML+V0//ES. Versión en inglés: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+B7-2012-0301+0+DOC+XML+V0//EN

[6] Ver: Roddy Brett y Lina Malagón, “Overcoming the Original Sin of the “Original Condition:” How Reparations May Contribute to Emancipatory Peacebuilding”. Human Rights Review, Julio 2013.

[7] Ver: Roddy Brett, “Local Level Peacebuilding: The Case of Colombia”. Lessons Learned Paper, UNDP Colombia, Forthcoming, 2014.

[8] Comentarios de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, Disponible en: http://www.hchr.org.co/publico/pronunciamientos/otraspresentaciones/comentarios_proy_ley_estatutaria_fuero.pdf

[9] Ver: http://www.coljuristas.org/documentos/pronunciamientos/pro_2012-08-30.pdf; http://www.hrw.org/es/news/2011/12/12/colombia-debe-retirar-proyecto-que-ampliar-el-fuero-militar

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